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“Cincuenta años financiando la desigualdad ¡Basta ya! Si  chiamerà così e partirà in Colombia dal 27 marzo la campagna contro il BID –  Banco interamericano de desarollo - colpevole, secondo i movimenti sociali  latinoamericani, di innumerevoli violazioni dei diritti umani, di favorire le  privatizzazioni dei beni comuni, il potere delle multinazionali, e di aumentare  la forbice tra ricchi e poveri. 
Insomma 50 anni di disastri che i governatori del BID  vorrebbero santificare in Colombia nella città di Medellin alla cinquantesima  assemblea annuale dell’istituzione. Ad aspettarli invece ci sarà il fronte  delle organizzazioni sociali latinoamericane che in tutta la regione  organizzeranno una serie di mobilitazioni ed eventi alternativi di protesta  contro il BID ma anche contro l’azione di altre istituzioni internazionali,  come la Banca Mondiale,  il Fondo Monetario Internazionale, e il WTO (World Trade Organization) accusate  di impoverire ulteriormente i Paesi del sud del mondo a favore delle economie  dei Paesi più ricchi.
Per info www.frenteBID2009.org 
  E-mail: info@frenteBID2009.org
 
Di seguito il comunicato in spagnolo e il lancio della campagna:
Los cincuenta años del Banco Interamericano de Desarrollo  (BID) ponen
  en evidencia el fracaso de la institución en cumplir con sus
  objetivos, y sus consecuencias para los pueblos y el medio  ambiente de
  la región. La Quincuagésima Asamblea  Anual de Gobernadores del BID -a
  realizarse en la ciudad de Medellín, Colombia, del 27 al 31  de marzo
  de 2009- es ocasión de celebración para el Banco, y de honda
  preocupación y rechazo para un conjunto de movimientos  populares y
  organizaciones sociales en toda la región que harán frente a  dicha
asamblea en una serie de eventos alternos.
Declaración de campaña
A finales de la década de 1950, los gobiernos de América  Latina y el
  Caribe se aprestaban a iniciar un ciclo de reformas que le  permitieran
  a la región avanzar por el camino del desarrollo. Dentro de  las
  instituciones que se crearon para encargarse de tal  cometido, se
  destacó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado  en 1959
  mediante un convenio entre los países interamericanos. El  Convenio
  Constitutivo (CC) del BID entró en vigencia el 30 de  diciembre de
  1959. El primer artículo de dicho documento señala el objeto  de la
  institución: "Contribuir a acelerar el proceso de  desarrollo económico
  y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales  en
  vías de desarrollo". 
Luego de una trayectoria de 50 años, buena parte de las  políticas
  sociales y económicas promovidas y apalancadas con préstamos  y
  condicionalidades del BID han mostrado su fracaso para  lograr una
  América Latina "equitativa y desarrollada". Los índices de pobreza y
  desigualdad  son alarmantes. Según las últimas estimaciones disponibles
  para los países de América Latina, en el año 2007 un 34,1%  de la
  población de la región se encontraba en situación de  pobreza. Por su
  parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 12,6%  de la
  población. De manera que el total de personas sobreviviendo  en
  situación de pobreza alcanzaba los 184 millones de personas,  de las
  cuales 68 millones eran indigentes1. Además, y por si fuera  poco, la
  desigualdad en América Latina presenta también índices muy
  preocupantes, siendo los niveles más altos de desigualdad en  la
  distribución del ingreso del mundo. El ingreso per cápita  del 10% más
  rico supera, en muchos países, en cerca de 20 veces el del  40% más
  pobre2. 
Adicionalmente, vemos un creciente deterioro ambiental, en  gran medida
  como consecuencia del modelo de desarrollo que el BID ha  impulsado,
  basado en la extracción de recursos no renovables de forma  intensiva y
  contaminante, que atenta contra los derechos de las  poblaciones donde
  se desarrollan estas actividades. Se promociona también un  modelo
  agrícola que favorece los monocultivos, la concentración de  tierras,
  la pérdida de los suelos, el acaparamiento del agua y la  desaparición
  de las economías  campesinas. Estos y otros proyectos están en mayor
  medida orientados hacia la exportación y muchos de ellos  apoyados por
  créditos del BID, haciendo de esta institución financiera  responsable
  de una gigantesca deuda social y ecológica con los pueblos de  América
  Latina y el Caribe, entre las que se encuentra la deuda por  el cambio
  climático.
Por otro lado, el proceso de integración regional que el BID  también
  reconoce como uno de sus objetivos, sigue en marcha de  manera
  desigual. La integración que los pueblos de América Latina y  el Caribe
  queremos no es la promovida desde instituciones  multilaterales como el
  BID, ni tampoco desde la mayor parte de los gobiernos  nacionales.
  Siempre apoyándose en iniciativas de integración de  infraestructura
  como la IIRSA,  que ahondarán los impactos socio-ambientales de los pueblos en donde se planifica su desarrollo, se privilegia  una
  modalidad de integración en la que se favorece la apertura  al capital
  financiero e industrial estadounidense, europeo y japonés,  así como el
  fortalecimiento de los enclaves de la región, por encima de  una
  integración social, económica, financiera y comercial  emanada de los
  derechos, las necesidades y de la diversidad cultural de  Latinoamérica
  y el Caribe, encaminada a fortalecer a los pueblos y los  países que la
  impulsan. 
Los procesos de endeudamiento con el BID se han multiplicado  a partir
  de los intereses de los prestadores y en algunos casos, se  ha
  favorecido por situaciones de déficit fiscal crónico. Lo  anterior fue
  especialmente evidente a mediados de la década de 1990. Con la Octava
  Reposición de Recursos, el BID diseñó una estrategia de  préstamos con
  un promedio  anual de US$7.000 millones, haciendo énfasis en proyectos
  que contribuyeran a temas relacionados con las  transformaciones
  tecnológicas y productivas, la llamada modernización del  Estado y el
  fortalecimiento del sector privado. Su objetivo no era  exactamente el
  de reducir las inequidades de la región, sino el de avanzar
  decididamente en el proceso de privatización de derechos humanos  y
  sociales básicos, como la educación, la salud, el agua, así  como
  favorecer la expansión de intereses privados en la  extracción y
expoliación de la riqueza de la región. 
No podemos desconocer la complicidad del BID, así como de  las otras
  Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial y  Fondo
  Monetario Internacional), en la financiación de las  dictaduras
  militares que asolaron nuestra región en las décadas de 1970  y 1980.
  Ni tampoco el rol que ha cumplido con relación al desarrollo  de la
  corrupción, ya casi endémica en algunos países, y la  apropiación de
  parte de muchos funcionarios, políticos y militares de los  créditos
  otorgados a los gobiernos. 
La urgencia de la lucha contra la impunidad con la cual  actúa el Banco
  en nuestros  países, frente a las graves violaciones de los derechos
  humanos y  los crímenes económicos y ambientales, es una conclusión
  necesaria  de cualquier balance de estos primeros 50 años. Es por eso
  que buena  parte de los proyectos impulsados por el BID han sido
  ampliamente  cuestionados por sus consecuencias sociales, políticas,
  económicas  y ambientales para los pueblos de América latina y el
  Caribe, y  las deudas resultantes rechazadas por ilegítimas. Dichos
  cuestionamientos se refieren al modelo de desarrollo al que  responden,
  al debilitamiento de la estructura social y ambiental, a los
  deficientes procesos de evaluación integral de los costos y  beneficios
  de los proyectos en los que participa, a las ambiguas  salvaguardas
  sociales y ambientales, a la deficiente supervisión y  fiscalización de
  las distintas etapas de los proyectos, a la limitada  transparencia en
  la provisión de información y acceso a la participación,  entre otros.
  El 50 aniversario del BID es una ocasión inmejorable para  ampliar y
  profundizar las iniciativas que desde hace mucho tiempo se  impulsan en
  la región frente a las consecuencias de su gestión y del  impacto
  económico, social y ambiental de sus proyectos. La campaña  que hemos
  iniciado tiene por objeto evidenciar el fracaso del BID  durante sus 50
  años de existencia al financiar un modelo de desarrollo que  amplía las
  desigualdades, destruye la naturaleza, la soberanía y la
autodeterminación de los pueblos. 
Sobre todo en la actual coyuntura, marcada por la crisis  global económica, alimentaria, energética y climática, en gran  medida reflejo
  de las  políticas impulsadas por el BID y demás instituciones
  financieras multilaterales, es urgente evitar una nueva  etapa de
  endeudamiento ilegítimo en nuestra región. No queremos ni  necesitamos
  en la región un banco que financie la desigualdad, el cambio
  climático, las políticas represivas y la integración  subordinada a un
  modelo hegemónico de desarrollo que, hoy más que nunca,  muestra al
  mundo su fracaso. 
Por este motivo, y con el objetivo de continuar avanzando en  el
  fortalecimiento y la articulación de acciones de resistencia  y
  construcción de alternativas, hemos organizado un encuentro  popular de
  3 días, paralelo a la Asamblea Anual de  Gobernadores 2009 para
  sumarnos y dar seguimiento a las múltiples maneras en que se  ha
  expresado el rechazo a las políticas del BID, a lo largo de  sus 50 años. 
El trabajo  examinará tres ejes temáticos: 
i. La crisis financiera. Para la banca multilateral, la  actual crisis
  financiera constituye una oportunidad para aumentar la deuda  con
  nuestros países. Un análisis detallado nos permitirá  realizar un
  balance sobre los procesos de liberalización económica,  integración
  comercial y privatización; sobre la ilegitimidad de las  deudas
  reclamadas por el BID;
ii. Los retos de la sustentabilidad. A pesar de las  salvaguardias
  ambientales adoptadas para su ciclo de proyectos, el BID  todavía no
  incluye la utilización de herramientas de planificación y de
  ordenamiento territorial, previas a las decisiones sobre los  grandes
  proyectos de infraestructura; la falta de un Plan Maestro  que enmarque
  las acciones tomadas para enfrentar las consecuencias del  cambio
  climático y el reconocimiento de la deuda ecológica; 
iii. Los  derechos humanos, particularmente los derechos económicos,
  sociales, culturales, colectivos y ambientales. Debatiremos  sobre la
  poca efectividad de los mecanismos de participación para la  sociedad
  civil; sobre los efectos de la flexibilización laboral y la  generación
  de empleo informal; el no acatamiento al derecho de los  pueblos
  indígenas a solicitar la consulta previa que incluya el  derecho a veto
  sobre los proyectos; sobre el alto costo y mala calidad de  los
  servicios públicos que han sido privatizados, lo cual ha  generado
  movimientos de usuarios ("desconectados") por no  poder pagarlos; sobre
  la falta de inclusión de temas de género; sobre la atención  a la
  población migrante, no sólo medida por la cantidad de las  remesa que
  llegan y que se deben canalizar, entre otros.
Activistas, intelectuales, artistas y funcionarios de  gobiernos afines
  harán parte de esta gran manifestación que pretende  contribuir a la
  articulación de una plataforma social frente al BID e  incidir de forma
  directa en las actuaciones de la institución, cuestionando  los 50 años
  de financiación de la desigualdad económica, el deterioro  ambiental y
  social que se evidencian en: 
-- Un modelo de desarrollo enfocado en la extracción,  expropiación y
  exportación de productos primarios y en la liberalización  salvaje que
  aumentó la desigualdad, la injusticia en término de derechos  humanos y
  una mayor inequidad entre la región y el resto del mundo;
-- La desigualdad de poder entre grupos empresariales  transnacionales
  y las  poblaciones afectadas y la imposición de los planes las
  políticas y  los proyectos promovidos y financiados por el BID;
-- La desigualdad y no satisfacción a los derechos  económicos,
  sociales y culturales esenciales para la población  latinoamericana,
  incluyendo el agua;
-- La exclusión en la toma de decisiones, perpetuando la  desigualdad
  entre  clases, géneros, etnias y razas;
-- La ausencia de un plan maestro para enfrentar las causas  del cambio
  climático y otros daños ambientales y sociales; 
-- El fracaso de las políticas y proyectos de reforma  agraria para
  cambiar el esquema de expropiación, desplazamiento,  concentración de
  la tierra;
-- Sus discursos populistas (Verbi gratia:  "oportunidades para la
  mayoría"), que no han tenido efecto alguno en la  exclusión persistente
  y discriminación de importantes poblaciones, incluyendo las  mujeres,
  los pueblos indígenas y afro descendientes, entre otras;
-- La existencia de 20 millones de latinoamericanos que ya  no viven en
  sus lugares  de origen, pues han sido desplazados, expulsados, teniendo
  que buscar  seguridad ciudadana y bienestar en otras tierras, muchos
  viviendo como refugiados o en condiciones de mayor pobreza e  inseguridad;
-- La violación permanente y sistemática de los Derechos  Humanos. Los hechos  son contundentes. No es posible afirmar que los objetivos
  fundacionales del BID se hayan cumplido. Resulta indispensable
  repensar el desarrollo que queremos como pueblos y países de  América
  Latina y el Caribe, que garantice un medio ambiente sano y  el buen
  vivir de los pueblos en la región. Esperamos contar con su  apoyo para
alcanzar éste propósito políticamente ineludible.
Organizaciones  participantes:
Bank  Information Center - BIC (Estados Unidos); 
  Bloque  Popular y Coordinadora de Resistencia Popular (Honduras):
  Campaña colombiana En deuda con los derechos (Colombia);
  Censat Agua Viva. Amigos de la tierra internacional  (Colombia);
  Centro de Derechos Humanos y Ambiente - CEDHA (Argentina);
  Centro Latinoamericano de Ecología Social - CLAES (Uruguay);
  Colectivo Litigio e Investigación en Derechos Humanos - LIDH  (Ecuador): 
  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -  CONAIE (Ecuador);
  Consorcio por la   Semana de Acción Global: REPEM, Coalición Colombiana
  por el Derecho a la Educación, Viva la Ciudadanía -  (Colombia);
  Corporación de Gestión y Derecho Ambiental - ECOLEX  (Ecuador); 
  Diálogo 2000 (Argentina)
  Frente Social y Popular de Paraguay
  Fundación Esperanza (Ecuador);
  Fundación Pachamama (Ecuador);
  Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos - INREDH  (Ecuador);
  Grupo FARO (Ecuador);
  Grupo Semillas (Colombia);
  Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos  - ILSA
  (Colombia);
  Instituto Popular de Capacitación - IPC (Colombia);
  Instituto del Tercer Mundo - ITeM (Uruguay);
  Jubileo Sur/Américas
  Jubileo Sur/México
  M´Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental (Argentina);
  National  Alliance Latin American Caribbean Communities - NALACC
  (Estados Unidos);
  Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement  Alternatif -
  PAPDA (Haití); 
  Productividad, Biósfera y Medio Ambiente - PROBIOMA  (Bolivia);
  Red de  Educación Popular entre Mujeres - REPEM (Latinoamérica y Caribe);
  Rede Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales; 
  Rede Jubileo Sur Brasil;
  Red Jubileo Perú;
  Seminario permanente por la educación a lo largo de toda la  vida
  (Colombia);
  Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (Ecuador);
  Sobrevivencia, Amigos de la Tierra (Paraguay);
  Unión Nacional de Empleados Bancarios - UNEB (Colombia).
Notas:
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  Panorama social
  de América Latina, CEPAL-Naciones Unidas, Santiago de Chile,  2008, p. 5.
  2 Ídem.